Cortocircuito entre la Justicia electoral y el Gobierno por el escrutinio provisorio

Cuando falta poco más de un mes y medio para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (13 de agosto), el cronograma electoral se empieza a ajustar y las cuestiones técnicas en torno a los comicios entran en etapa de definición. Uno de los rasgos más trascendentes es quién estará a cargo del conteo previsorio de votos. Esto genera cierta rispidez entre la Cámara Nacional Electoral, que quiere participar, y el Gobierno, cuya intención es contratar a una empresa privada para que se encargue.

Ante esta situación, la Justicia aclaró que ellos seguirán sin intervenir en el escrutinio que continúa «bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional». Y detallaron que es «sin participación alguna de la justicia nacional electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos».

En la Acordada, firmada por los jueces de la Cámara Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, que mañana se reunirán con Rogelio Frigerio, resaltan que propusieron «implementar una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral, que requerían la actuación de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior».

Al respecto, resumen que una de las ideas era realizar un «mecanismo de escrutinio provisorio diferente al que históricamente se ha implementado desde el Poder Ejecutivo, para robustecer las herramientas de fiscalización, propender a una difusión más rápida de los resultados y, fundamentalmente, para integrarlo como una fase más del proceso que dirige la justicia nacional electoral, alejado de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, en consecuencia, de cualquier interés político partidario».

Una opción similar estaba incluida en el proyecto de Reforma Electoral que impulsó el Gobierno y no fue aprobado en el Congreso. Sin embargo, la Cámara «no ha obtenido respuesta alguna» sobre la propuesta.

En tal sentido, los jueces Corcuera y Dalla Via aclararon que las previsiones propuestas no requerían «un presupuesto significativo en relación al total asignado y al que históricamente se destinó al rubro», y que no «suponen la intervención de ninguna empresa privada ni justifican modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, procuran prescindir de la acostumbrada contratación de terceros».

También pusieron de relieve que el Poder Ejecutivo no receptó los pedidos de la Acordada CNE 2/17, mediante la cual se proponía un sistema de trazabilidad en tiempo real del material electoral –para el seguimiento del despliegue y repliegue de la documentación- «para un mejor control de la logística, lo que aún se aguarda desde el tribunal».