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EL MÁXIMO TRIBUNAL SOLICITÓ QUE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ANALICE EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA LA CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL QUE BENEFICIÓ AL EMPRESARIO


La Corte, por unanimidad, ordenó abrir una investigación sobre cómo se liberó a Cristóbal López

Los cinco ministros que integran la Corte Suprema de Justicia tienen sospechas sobre el proceso que derivó en la liberación del empresario kirchnerista Cristóbal López.

Es por eso que este jueves firmaron un oficio en el que le ordenaron al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, que arbitre todos los medios que están a su alcance para clarificar el proceso que terminó beneficiando al dueño del grupo Indalo.

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosattiy Carlos Rosenkrantz pusieron la lupa sobre la conformación de la Sala I de la Cámara Federal, que el viernes pasado ordenó la liberación de López y dispuso un cambio de calificación legal que alivió su situación procesal.

Según un indicio que recorrió los pasillos de Tribunales en las últimas horas, el primero convocó al segundo para integrar el tribunal y desempatar la votación (Leopoldo Bruglia, el otro integrante de la Sala, rechazó la liberación) con el argumento de que este ya había intervenido en una causa conexa.

El trascendido llamó la atención de los jueces de la Corte. Es que de acuerdo a los reglamentos internos, cuando hace falta completar un tribunal debe realizarse un sorteo. Allegados al máximo tribunal de Justicia informaron a Infobae que hace 48 horas que empleados técnicos de la Corte buscan en el sistema si efectivamente se realizó ese proceso o si la designación de Farah fue realizada “a dedo” por Ballestero, como se sospecha.

“Vemos cosas que no nos cierran y por eso pedimos que se investigue. Queremos saber si hubo sorteo y si no lo hubo, que nos muestren dónde quedó registrado el criterio adoptado para  conformar la Sala”, explicó un colaborador de alto rango de la Corte.

Las sospechas sobre la Sala I no son solo de la Corte. Ayer, la diputada Elisa Carrió también le solicitó al Consejo de la Magistratura que intervenga y que investigue si “hubo dinero” para que Ballestero y Farah se pronunciaran en la forma en que lo hicieron. El ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió este jueves darles entidad a los dichos de “Lilita”.

En dos entrevistas que brindó en la última semana, el presidente Mauricio Macri explicitó su enojo. Dijo que la decisión lo indignó. Farah salió al cruce y le pidió que midiera sus palabras. En ese contexto, la nominación del jefe de Estado de Inés Weinberg de Rocapara la Procuración General fue interpretada como una reacción del Gobierno contra la Justicia federal.